A cinco años del inicio de la crisis y tres años desde el inicio de los recortes y la austeridad, los efectos de los ataques de la clase dirigente se hacen sentir con fuerza: más de un 27% de paro, más de 170.000 desahucios desde 2008 y 400.000 en proceso, cierre de servicios sanitarios y privatizaciones, recortes salariales y despidos, derogación de los convenios colectivos, etc.
Los economistas del régimen nos dirán con sus palabras que todo esto es necesario y que no hay ninguna alternativa, que pasa por bajar la cabeza y pagar la crisis de los de arriba. Y evitarán hablar de la deuda, que ha pasado de ser de un 40% del PIB en 2008 a cerca de un 85% en 2012, que sólo para pagar los intereses de la deuda se destinan 30.000 millones de euros. Por este motivo la deuda es un punto clave para replantear la crisis, para plantear una salida de la crisis que no repercuta sobre los de abajo, sobre la gente trabajadora.
Por ello es necesario recordar que la crisis la causó el libre mercado, las empresas financieras y los bancos, y que cuando estos se arruinaron, nos tocó a nosotros pagar los platos rotos, sus pérdidas fueron socializadas y se destinaron miles de millones de dinero público a los bancos –más de 120.000 millones de euros. El resultado de esta “nacionalización” capitalista de los bancos ha significado que la deuda privada, fruto de la especulación por ejemplo, ha pasado a ser público y, desde que el PP y el PSOE decidieron que era el primer gasto en el que destinar recursos, el pago de la deuda se ha convertido en el objetivo de la clase dominante.
¿Y quien paga la deuda? La pagamos la gente trabajadora, a cambio de miseria, desempleo y desahucios. Por eso una salida de la crisis en detrimento del capital y a favor de las clases populares significa no pagar la deuda odiosa, la deuda externa, la deuda que no debemos porque no la hemos causado nosotros.
Salir de la crisis en favor del 99% de la población significaría no pagar la deuda externa en manos de los inversores extranjeros, significaría usar el dinero para redistribuir la riqueza, significaría controlar efectivamente los bancos y expropiarles la riqueza y limitar el movimiento de capitales. Todo esto significaría usar el dinero, actualmente en manos de empresarios e inversores privados que sólo piensan en sus beneficios, en favor de la sociedad —expropiando los cinco millones de casas vacías, reabriendo inmediatamente los servicios sanitarios cerrados, detener los despidos y crear empresas públicas bajo control de los que trabajan, etc.
Pero llevar a cabo estas medidas radicales significa dejar de pagar la deuda y romper con la Troika (la Unión Europea, el FMI y el Banco Mundial) y el euro, instituciones e instrumentos que desde su creación sólo han servido para precarizar las condiciones laborales en toda Europa, bajar los salarios, privatizar empresas públicas y desregular la economía en beneficio de una minoría de grandes capitalistas.
El punto de inicio para una política anticapitalista que rompa con esta cadena que nos ahoga pasa por no pagar la deuda.
