El Gobierno desactiva los equipos de investigación de los grandes escándalos de corrupción

J. Ruiz / Ó. López-Fonseca | Vozpópuli | 19/10/2013

Los organismos encargados de investigar los grandes casos de corrupción están siendo desarmados uno a uno . El último cese ha sido el del comisario encargado de la investigación de la ‘trama Gürtel’, pero los ceses, relevos e injerencias para frenar las investigaciones afectan también a casos como el de la Infanta, el de los papeles de Bárcenas o el del caso Interligare, que persigue una supuesta red corrupta en el Ministerio del Interior que amañaba contratos públicos.

Los grandes casos de corrupción han comenzado a encontrar grandes obstáculos. El entramado institucional sobre el que descansaban sus investigaciones está siendo desarmado caso a caso. El último cese ha sido el del mando policial responsable de la unidad que investiga los casos de corrupción, entre ellos la trama Gürtel de presunta financiación irregular del Partido Popular. Pero los ceses, relevos e injerencias para frenar las investigaciones afectan también a casos como el de la Infanta, el de los papeles de Bárcenas o el del caso Interligare, que investiga una red corrupta para amañar contratos públicos con conexiones en el Ministerio del Interior.

Así se están dilatando, frenando y, en ocasiones, obstruyendo las investigaciones abiertas desde los diferentes poderes públicos en cada caso:

TRAMA GÜRTEL

El desmontaje de la trama de investigación ha sido especialmente flagrante en este caso. El último episodio se ha vivido esta semana con el relevo del comisario general de Policía Judicial, José García Losada, de quien dependía la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). El comisario ha sido destinado a un puesto burocrático: ha pasado a estar al frente de la Jefatura de la División Económica y Técnica. Su antecesor al frente de los equipos que luchan contra la corrupción, el también comisario José Enrique Rodríguez Ulla, también fue cesado de forma fulminante tras iniciar sin previo aviso una investigación sobre el ático de lujo en Marbella (Málaga) que tenía alquilado el entonces vicepresidente y hoy máximo mandatario de la Comunidad de Madrid, Ignacio González

El frente policial es el último en que se producen relevos en el ‘caso Gürtel, pero no es el único. De hecho, los cambios más llamativos han tenido lugar en el Ministerio de Hacienda y en la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude), donde el Ejecutivo ha destituido al responsable de la investigación de la red de corrupción liderada por Francisco Correa y a los otros cinco jefes de equipo, todos ellos inspectores de Hacienda. Desde que el ministro Cristóbal Montoro llegó al Gobierno ha relevado ya a 310 responsables en la Agencia Tributaria en apenas 18 meses.

CASO DE LOS “PAPELES DE BÁRCENAS”

La denuncia de presunta financiación ilegal del PP y de los supuestos pagos irregulares a la cúpula de Génova ha sido recibida con sorprendente pasividad por parte de las instituciones que dependen del Ejecutivo.

La Fiscalía ha dilatado desde el 30 de julio su pronunciamiento sobre algunas diligencias que todavía a día de hoy siguen pendientes. En la Audiencia Nacional, el ministerio fiscal no ha pedido ni una sola prueba testifical a lo largo de todo el procedimiento y se ha opuesto a la mayor parte de las peticiones de declaración que han formulado las acusaciones particulares. Su actitud ha sido tan llamativa que levantó cierto escándalo al guardar silencio el día en que los constructores acusados de hacer donaciones ilegales al PP prestaron declaración. No planteó ni una sola pregunta. Cuando al día siguiente los medios de comunicación recogieron la insólita posición fiscal, anticorrupción sí planteó cuestiones.

Ni el Ministerio de Hacienda ni la Inspección de Trabajo han abierto tampoco investigación alguna sobre el despido simulado del ex tesorero popular, Luis Bárcenas, y el pago “diferido” de sus salarios pese a que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, reconoció ambas cuestiones el pasado mes de febrero. Ambos conceptos podrían constituir un fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública que podría reportar hasta 50.000 euros de multa a los responsables de Génova 13.

CASO URDANGARÍN

La investigación de Hacienda en el caso Urdangaríncorrespondía a las unidades de Barcelona pero los informes han sido revisados en Madrid. Según denunció la propia Audiencia Provincial de Palma, el informe redactado por los inspectores de la ciudad condal fue reescrito en Madrid. El original, el conocido como informe tributario, fue elaborado por la Delegación de Cataluña el 14 de enero de 2013, si bien, sufrió modificaciones que –según la Audiencia de Palma— suscitan “zonas oscuras” y que tiendne a exculpar a la Infanta. De hecho, el informe sostiene que “esas cuotas defraudadas pueden considerarse como mínimas (…) aunque no han sido siquiera calculadas”.  Hacienda se ha negado a informar al Parlamento de si efectivamente se modificó ese informe.

Además, cuando el juez Castro pidió que adscribiera a la investigación de modo permanente  a un integrante concreto de Vigilancia Aduanera, conocido con el nombre clave Numa-3173, para que fuera él quien interpretase y supervisase los informes fiscales sobre Aizoon SL, la empresa de la hija del Rey y Urdangarín. la Agencia Tributaria se negó. De nada sirvió que el magistrado destacase “a eficaz labor que ha venido llevando a cabo en la presente causa”, Hacienda rechazó la petición. El argumento que esgrimió: que no tenía la cualificación necesaria.

También la Anticorrupción ha recibido instrucciones desde Madrid. El fiscal Pedro Horrach mantuvo un criterio concurrente con el juez hasta que el magistrado inició los trámites para imputar a la hija del Rey. Tras mantener contactos con la Fiscalía General del Estado, Horrach se enfrentó al criterio del juez y rechazó la imputación. La oposición del Ministerio Público a los nuevos trámites y su desvinculación de las nuevas diligencias es tal, que Horrach ha comunicado al tribunal que estará de vacaciones durante todo el mes de octubre y que se reincorporará a la causa el 1 de noviembre.

CASO “INTERLIGARE”

El ‘caso Interligare’, que investiga la supuesta existencia de un red corrupta para amañar contratos públicos con conexiones en el Ministerio del Interior en la época de Alfredo Pérez Rubalcaba y su sucesor, Antonio Camacho, sigue atascado casi dos años después de que se iniciaran las pesquisas. El motivo: el rifirrafe que protagonizan policías y jueces para decidir qué unidad del Cuerpo Nacional de Policía se hace cargo de ellas. Lo agentes que iniciaron las pesquisas, el comisario Jaime Barrado y dos inspectores de la Brigada de Delincuencia Económica, fueron apartados del caso por Interior después de que el primero fuera acusado de un delito de amenazas tras un oscuro incidente con un estrecho colaborador de Ignacio Cosidó, director general de la Policía. A partir de ese momento, se hizo cargo de las pesquisas la Unidad de Asuntos Interior, encargada de perseguir los delitos cometidos por agentes del propio cuerpo.

Sin embargo, el comisario Barrado recurrió a la Justicia y el pasado 19 de marzo la Audiencia Provincial de Madrid dictó un auto en el que se acordaba que éste (que había sido trasladado de grupo y ahora está al frente de una comisaría de distrito de Madrid) y sus dos compañeros fueran puestos de nuevo a cargo de las pesquisas. Sin embargo, dicho retorno no ha llegado a producrise. El propio jefe policial defenestrado envió al tribunal que había fallado a su favor un escrito en el que le comunicaba que había intentado ponerse en contacto en dos ocasiones con la fiscal del caso para comunicarle su disposición a retomar las pesquisas, pero que ésta se había negado “a ningún contacto ni entrevista con el comisario Javier Barrado, puesto que no es el encargado del mecionado del caso”. Interior tampoco ha hecho nada para reponerle en el puesto.

http://iniciativadebate.org/2013/10/19/el-gobierno-desactiva-los-equipos-de-investigacion-de-los-grandes-escandalos-de-corrupcion/

La venas rotas de mi ciudad esperando al gallo del alba

"Mientras la ciudad aún a las cuatro esté encendida y haya un lugar que te distraiga por ahí, un humilde lugar, un pequeño lugar..."

 

Silvio Rodríguez - Canción de la columna juvenil del centenario

 

Una anciana en las calles de mi ciudad con maletas y un trocito de papel que dice, “Tengo hambre”. A los pocos metros tirado en el sucio suelo, un señor mayor, de unos 80 años, con un perro de mirada triste, junto a un cartel de las fiestas de San Juan, sucio, temblando de frio, rodeado de bolsas con todas sus pertenencias, como si aquel rincón de una capital embravecida de consumo, especulación y políticos ladrones fuera su hogar. Una residencia en la tierra miserable, desahuciada, al borde del solsticio de un abismo inminente, cruel y provocado por los que ostentan el poder corrupto, los mismos delincuentes que nos quieren hacer creer que vivimos en una democracia, que no es más que un nido de mafiosos entre el glamur, la encrucijada de un municipio devastado, al que promocionan como ciudad Europea de la ultra periferia.

 

Esa lúgubre urbe isleña, colonial, parte de un estado que debería garantizar el bienestar y la libertad de la ciudadanía, pero que sin embargo expropia, expulsa de sus casas a familias enteras, condena al desempleo a más de 6 millones de personas, obliga a los jóvenes a partir de su tierra, a exiliarse en el camino de la explotación a manos de los mercaderes de la Europa de la troika y el Facio.

 

La perspectiva insular de un régimen del sobre que conduce al suicidio por razones económicas a miles de almas desgarradas, seres inocentes sin esperanza que cada día se cuelgan de una pérfida soga, se tiran de un puente siniestro o se cortan las venas mirando al infinito, como si eligieran la salida menos dolorosa a una situación social insostenible, mientras ven como sus hijos pasan hambre y desconsuelo, machacados por un estado de las cosas insufrible de pobreza, hambre y miseria.

 

Otros camorristas de la Cosa Nostra de guante blanco, destruyen una sanidad que cada día, por ley, regalan a su propia mafia familiar, arrasando por una educación pública cercenada, destruida, para que cuatro curas pederastas se adueñen del futuro y la mente limpia de millones de niños y niñas de corazón puro.

 

Los diarios y las nauseabundas televisiones hablan de un Fiscal General del Estado que brama, que exige indignado a un juez que excarcele de forma inmediata a un banquero, un tipejo que se apropio de millones de euros, que robó los ahorros de cientos de miles de ciudadanos, que negocio con la gusanera mafiosa de Miami a precio de oro, que compró, que malgastó el dinero de todos para enriquecerse.

 

Un delincuente financiero más de los muchos que ya forman parte de nuestra asquerosa cotidianeidad, muy amigo de un ex presidente con las manos manchadas de sangre, fiel defensor de las invasiones y genocidios del imperio, respaldado por el partido del gobierno y otros esquineros de los prostíbulos del poder. Un personaje de bigote hitleriano que movió los hilos, el cielo y la tierra, para sacar del trullo a su colega de andanzas y latrocinios.

 

Dejo de pensar por un instante mientras recorro las calles desoladas, me veo reflejado en las miradas de buenas personas desesperadas que pasan a mi lado, sin trabajo, sin futuro, sin nada. Que esperan sin saber lo que vendrá, que contemplan atónitos a donde nos lleva la casta ladrona que ostenta el poder, que nos arrastra al sendero de la inminente esclavitud, a unas cadenas que ya nos están colocando en nuestros cuellos, como hicieron los negreros del violento pasado, solo que ahora van disfrazados de buenas intenciones, recortes, reformas y destrucción de los derechos que tantos años nos costaron conquistar.

 

La ciudad resiste a pesar de todo la insolencia de los mafiosos del coche oficial, los abusos de poder, los robos y las prebendas.

 

Por instantes parece que sigue siendo patrimonio del pueblo y de las esquinas a veces estalla, aparece sin más, en la soledad de la tarde, una brizna de esperanza.

 

Seguiremos sin entregar nuestros corazones.

Publicado por Francisco González Tejera

http://viajandoentrelatormenta.blogspot.com.es/2013/06/la-venas-rotas-de-mi-ciudad-esperando.html

¿Pero qué asco de justicia y democracia tenemos en España?

Un Tribunal Constitucional que admite que echen de su casa a una familia a patadas cuando la propia Constitución Española (franquista, por cierto) ampara el derecho a una vivienda digna.

Y si también ampara el derecho a un trabajo digno (dicha Constitución) ¿por qué permite que los gobiernos del PP y PSOE modifiquen esa Constitución sin consultar al pueblo para priorizar el pago de una deuda ilegítima y crear con ello un desempleo infinito que favorece la precariedad laboral y la precariedad de los derechos del trabajador y del individuo a nivel social y laboral y el empobrecimiento de la población?

¿Por qué se permite que un partido político que nos llevó a la invasión de Iraq, sin ni siquiera consultarnos, como establece la propia Constitución Española, y nos hizo cómplices de la matanza de miles y miles de niños y ciudadanos inocentes pueda seguir activo y en el poder?

Habría muchísimos más argumentos, tales como que no se juzgue a los banqueros y a los ricos y multinacionales que defraudan a sus anchas a cambio de favores políticos para la mutua corrupción, y no se le exijan responsabilidades, sino que a cambio del dinero que ellos roban se les pague con dinero público, o sea con los recortes, las privatizaciones y la miseria y precariedad de la clase trabajadora.

¿Justicia, democracia, separación de poderes? ¿Pero qué Justicia si hasta les tildan ellos mismos de tantos x progresistas o tantos x reaccionarios? Claro, si los elijen los políticos de turno. 

Si hasta la propia Ley Electoral es injusta y a la medida del fascista bipartidismo PP-PSOE.

Aquí lo único que puede salvarnos de hundirnos cada vez más y más en la miseria y en el fascismo de la política bipartidista del PP y PSOE y de la Troika es un proceso constituyente que elabore una nueva Constitución del pueblo y para el pueblo y que se base en una justicia verdadera que le quite los privilegios a la clase política dominante anclada en las raíces fascistas del franquismo. Y que haga partícipe al pueblo en todo y cada momento de sus propias decisiones.

El juez Elpidio se estrena en Twitter llamando a la revolución

 "La delincuencia económica organizada es invisible, como la termita; y carcome cualquier institución del Estado, hasta laminarla"

"Acoso institucional, depuraciones encubiertas y desmoralización general son los caballos de batalla del Estado democrático contemporáneo". "La resistencia civil es un derecho ciudadano (J. Rawls) y del funcionario compelido a obrar ignorando la debida aplicación del derecho". "En las 'purgas latentes' se fabrica desviada y torticeramente la culpabilidad de alguien, para amedrentar al resto". Estos son algunos de los 36 mensajes del controvertido juez Elpidio Silva, casi un recién llegado al mundo Twitter, y que parecen más propios de un activista del 15-M que de un magistrado si tenemos en cuenta que llama a ignorar la ley, arremete contra las instituciones y hasta habla de "purgas" al estilo estalinista.

El juez que metió en la cárcel al ex presidente de Caja MadridMiguel Blesa, al que luego tuvo que sacar tras un auto incendiario de la Audiencia Provincial de Madrid, puede presumir de haber conseguido en apenas un mes, más de 5.000 seguidores, aunque él no se queda manco siguiendo a 897 personas, mayoritariamente periodistas y políticos del PSOE y de IU, aunque no falta alguno del PP.

Sus mensajes no tienen desperdicio y este Buscón no se resiste a plasmar alguno más. "La delincuencia económica organizada es invisible, como la termita; y carcome cualquier institución del Estado, hasta laminarla". Y otro más: "Saltarse un semáforo es una simple infracción; hacerlo ebrio, atropellando a un peatón, es un delito. No es distinto en el sector económico". Y el último: "Ojalá la justicia no sucumba bajo su nombre".

Quizá se traten de simples desahogos de un juez "indignado", pero que se tienten la ropa los señores banqueros. Elpidio no los olvida.

http://vozpopuli.com/buscon/27326-el-juez-elpidio-se-estrena-en-twitter-llamando-a-la-revolucion

¿Por qué no se despolitiza la Justicia?

La separación de poderes en España es una utopía. El centro neurálgico de la corrupción política está ubicado en la politización y la falta de independencia de la Justicia. Los altos tribunales de Justicia de nuestro país están controlados totalmente por el poder político. Evidentemente, esta es la fórmula que utiliza la casta para blindar su impunidad. El objetivo de la dictadura PP-PSOE es someter el poder judicial al ejecutivo y, hasta la fecha, este fin se ha conseguido con creces. La casta política ha diseñado la estructura y el funcionamiento del sistema judicial a su imagen y semejanza.

El anteproyecto de reforma del Consejo General de Poder Judicial, aprobado el 21 de diciembre de 2012 en consejo de ministros y que concluirá en los próximos meses, pretende convertir este órgano en otro departamento más al servicio del Ministerio de Justicia (y por tanto del Gobierno), y aumentar el nivel de politización de la Justicia española. Según Gallardón, el objetivo de la citada reforma es despolitizar el CGPJ pero en realidad se trata de conseguir todo lo contrario. El ministro pretende politizar, más aún, tanto el funcionamiento como el sistema de elección de los vocales del citado órgano judicial (se quiere reducir el ya de por si escaso peso que tienen los jueces para elegir y, de este modo, dotar de mayor poder de elección al Congreso y al Senado). En resumen, el objetivo principal de la reforma es que la casta política controle totalmente el CGPJ.

Cuando el PP estaba en la oposición criticaba la politización de la Justicia que el PSOE diseñó a su medida pero una vez en el gobierno (e incumpliendo una vez más su programa electoral) está haciendo todo lo posible para que la Justicia siga siendo una marioneta del poder.

Está meridianamente clara la estrategia del Gobierno en materia judicial: cuanto más politizado se encuentre el CGPJ, mayor control político podrá ejercer el Gobierno sobre el sistema judicial en su conjunto. No olvidemos que los magistrados del Tribunal Supremo los designa el CGPJ. Igualmente, una tercera parte (Sala de lo Civil y Penal) de los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autonómas son elegidos por el CGPJ. Los miembros del Tribunal Constitucional también los elige el CGPJ, las cortes y el Gobierno. Aunque la politización judicial no termina aquí. Del mismo modo, el Fiscal General del Estado lo nombra el Gobierno. Respecto a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, únicamente tres de los ocho miembros que integran la misma son elegidos democráticamente entre los magistrados adscritos a dicho órgano.

La casta política no tiene ningún interés en despolitizar la Justicia debido a que el control de la misma garantiza a los políticos actuar en régimen de impunidad. ¿De qué sirve, por ejemplo, aumentar las penas para los políticos corruptos (medida que ha calificado Rajoy como imprescindible) si la Justicia sigue subordinada a los intereses del gobierno de turno?

La politización de la Justicia deriva en la instauración de un sistema de evaluación del desempeño y de selección de jueces basado en la afinidad política. La mejor estrategia para subir peldaños en el escalafón de la Carrera Judicial es significarse políticamente y compadrear con el PSOE o con el PP. Una plataforma idónea para ello la representan las asociaciones de jueces de marcado perfil ideológico y político. Sin duda, el mejor camino para llegar a ser magistrado de un alto tribunal es posicionarse políticamente. Desgraciadamente, la valía, la meritocracia y, por supuesto, la independencia suelen ser un lastre para muchos jueces que, no siendo amigos del poder, desean ascender profesionalmente.

Otro asunto indignante es el relativo al aforamiento (un privilegio más propio de la Edad Media que de un Estado de Derecho) del que gozan determinados cargos políticos y judiciales. En realidad, se trata de una vía de escape que utilizan los políticos corruptos para poder ser juzgados (y absueltos) por los altos tribunales ya que éstos están fuertemente politizados. Este es uno de los motivos por los que todos los políticos imputados, en virtud de algún caso de corrupción, se aferran a su escaño parlamentario y no dimiten, puesto que si dimitieran podrían ser juzgados por la justicia ordinaria y, por tanto, correrían el riesgo de ser condenados. La extrema lentitud de la Justicia española, uno de los mejores aliados de la corrupción política, se encarga del resto.

Mención aparte merecen los politizados indultos. En el sorprendente caso que sobre un político corrupto caiga una sentencia condenatoria, ya se encargará el gobierno de turno de indultarle.

La voz de las urnas es la única responsabilidad que la casta política está dispuesta a asumir. No obstante, los políticos que hayan originado, en función de irregularidades delictivas en su gestión, la insolvencia del Estado, de una comunidad autónoma, de un ayuntamiento o de cualquier institución pública deberían ser procesados y responder penalmente por sus actuaciones. Es imprescindible exigir a los gestores políticos responsabilidades en virtud de sus comportamientos de gestión, al igual que se hace con los gestores empresariales. Las consecuencias de la malversación de caudales públicos derivan en escenarios económicos de alta morosidad que destruyen el tejido empresarial, potencian el desempleo y empobrecen a la ciudadanía. Los accionistas de la Administración son los ciudadanos y éstos deben exigir a sus directivos (los gestores públicos o políticos) una gestión transparente.

Multitud de actuaciones políticas delictivas, penadas por la ley, quedan impunes y son amparadas, denigrantemente, por los representantes de la Justicia, supuestos garantes de la misma, que no velan por el interés público sino que se rigen según las directrices gubernamentales.

Del mismo modo, la inseguridad jurídica provoca fugas masivas de capital y desinversiones empresariales. España tampoco ofrece un sistema judicial dotado de garantías a las empresas. La vertiente legal es uno de los aspectos fundamentales que valora una compañía a la hora de invertir en cualquier país.

Mientras la Justicia siga secuestrada y los gestores públicos no se sometan al imperio de la ley, la corrupción seguirá institucionalizada en España.

http://blogs.periodistadigital.com/ayudando-a-las-pymes/2013/03/26/%C2%BFpor-que-no-se-despolitiza-la-justicia/

Un gobierno contra la independencia judicial

Sabino Cuadra: "¿Por qué no están los banqueros que han robado en la cárcel?"

Publicado el 13/06/2012

Intervención de Sabino Cuadra en el pleno del 12 de junio de 2012 en la que habla sobre el robo realizado por los banqueros.