Los organizadores reivindican la puesta en marcha de mecanismos de participación directa como alternativa al anquilosamiento institucional.
La consulta, vinculante a juicio de la Marea Ciudadana, será elevada al Congreso de los Diputados.
Las preguntas versaron sobre participación ciudadana, deuda ilegítima, recortes y corrupción.
Con el fin de cristalizar una alternativa social a la actual gestión de la crisis y al “austericidio” impuesto desde Europa, la Marea Ciudadana ha puesto en marcha un plebiscito durante los días comprendidos entre el 23 y el 30 del pasado junio. Frente a una Democracia Representativa basada en las papeletas emitidas cada cuatro años, los más de 300 colectivos organizadores han decidido sacar las urnas a la calle para que sea la ciudadanía la que directamente emita su veredicto sobre las cuestiones que más les afecta: la corrupción, la deuda ilegítima, los mecanismos de participación y la gestión de servicios públicos.
El balance de la consulta se ha saldado con más de 102.000 respuestas (el 98% positivas) a lo largo de las 900 mesas distribuidas por todo el territorio nacional. A pesar de que para algunos organizadores los datos de participación son mejorables, la mayoría valora positivamente la celebración del plebiscito. “Mas allá de las cifras, los que hemos participado en las mesas hemos constatado que una democracia directa es posible, y que la gente se involucra cuando se les da la posibilidad de participar”, ha destacado Manoli Romero, componente de Marea Ciudadana Madrid. Lo cierto es que la participación ha sido bastante irregular, siendo Asturias la comunidad con un mayor índice de participación (37,4%, resultados provisionales).
La iniciativa se realiza en un contexto de fuerte desafección hacia los actores tradicionales, como es el caso de los partidos, que se sitúan como el tercer problema más importante para los ciudadanos según el último barómetro del CIS. Además, el 80,9% de los encuestados juzgan la situación política como mala o muy mala. Ramón Linaza, otro de los organizadores, atribuye dicho suspenso al inmovilismo institucional y a la falta de alternativas: “Al déficit económico hay que añadirle el democrático. La mayoría de decisiones se están tomando a espaldas de la ciudadanía, especialmente en aquellas cuestiones que más le afecta”. A juicio de Linaza, el restablecimiento de la confianza pasa por la apertura de los partidos a la sociedad y el fomento de la transparencia y el control público en las instituciones.
De la calle al Congreso
Desde Marea Ciudadana afirman que la consulta, lejos de ser un fin en sí misma, constituye el comienzo de un proceso que recorrerá las instituciones. “Estamos seguros de que esta consulta es vinculante, dado que se ampara en los preceptos constitucionales de soberanía nacional y de derecho de participación en los asuntos públicos. Por ello, llevaremos los resultados al Congreso de los Diputados”, asegura Romero. ¿Y si hacen caso omiso? La miembro de Marea Ciudadana Madrid asegura que proseguirán la pelea en los tribunales, siguiendo el ejemplo de la Consulta por la Sanidad Pública, que se saldó con más de un millón de firmas en la Comunidad de Madrid, y en la cual la Marea Blanca fue protagonista.
El Plebiscito Ciudadano supone la última iniciativa desarrollada por esta plataforma en un año marcado por la movilización social en la calle. El pasado 23 de febrero, las diversas mareas, partidos y colectivos que se cobijan bajo el paraguas de la Marea Ciudadana clamaron por una democracia participativa y el fin de las políticas de austeridad. Además, han colaborado en algunas protestas globales como la que tuvo lugar hace un mes, y en la que miles de manifestantes se personaron frente a la sede de la Comisión Europea en Madrid. Sin embargo, en esta ocasión, la Marea ha decidido pasar de la protesta a la apuesta por nuevas fórmulas de participación como la del plebiscito, no reconocido aún en el ordenamiento jurídico español.
