La dramática situación social y económica en la que está hundida nuestra sociedad exige una política capaz de crear las condiciones para salir de la crisis. Es una necesidad urgente. El tiempo se ha convertido en un dato primordial por los riesgos de agravamiento y degradación que existen, por el enorme sufrimiento social que provoca la persistencia de las políticas de ajuste, austeridad y privatización de lo público.
La red en la que estamos atrapados está conformada por un nivel de paro catastrófico, por un endeudamiento del país frente al exterior imposible de afrontar y por una evolución de las cuentas públicas que conducen a la quiebra económica del Estado. Más de 6 millones de parados, más de 2,3 billones de euros de pasivos brutos frente al exterior, y una deuda pública de casi un billón de euros, creciente y próxima al 100% del PIB, son datos que definen un desastre inmanejable, ponen en peligro la convivencia y derruyen derechos sociales fundamentales.
Una crisis de esta envergadura tiene causas complejas y múltiples, desde la crisis general del capitalismo financiero hasta el despilfarro y la corrupción propios, pasando por un sistema fiscal tan regresivo como injustamente aplicado, pero aun a riesgo de simplificar el análisis para desentrañar las soluciones, hay que atribuir a la incorporación de nuestro país a la moneda única la principal razón de esta desoladora situación.
Como ahora se reconoce, no había condiciones para implantar una moneda única entre países tan desiguales económicamente sin ir acompañada de una fiscalidad común. Su creación implicaba, por otra parte, un marco propicio para implantar políticas regresivas y antisociales de todo tipo según la doctrina neoliberal, que ha tenido en la construcción de la Europa de Maastricht su máxima expresión. Como se calibró en su momento, el Estado del bienestar no es compatible con la Europa de Maastricht.
Con la incorporación al euro, nuestro país perdió un instrumento esencial para competir y mantener un equilibrio razonable de los intercambios económicos con el exterior, como era el control y manejo del tipo de cambio con respecto al resto de las monedas. Por otra parte, hubo una cesión de la soberanía al BCE en cuanto a la creación de liquidez y aplicación de la política monetaria, una institución dominada desde los orígenes por los intereses del capitalismo alemán.
Como no podía ser de otro modo, el retraso y la debilidad de la economía española frente a otros países y la rigidez absoluta impuesta por el euro llevaron a lo largo de la década del 2000 a un déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente abrumador. Se registraron unos desequilibrios insostenibles, como también les ocurrió a otros países como Grecia y Portugal, apresados en la misma trampa. En los 14 años transcurridos desde la creación del euro en 1999 hasta el final del 2012, el déficit exterior acumulado fue de casi 700 mil millones de euros, que hubo de financiarse endeudándose con el exterior. Las entidades crediticias y las empresas españolas demandaron más de otro billón de euros de recursos para sus planes de inversiones en el exterior, principalmente en América Latina.
Hasta el año 2008, en que se desató la crisis financiera internacional, por las facilidades extraordinarias de financiación, el país vivió un sueño, como drogado, alimentando la burbuja inmobiliaria y ajeno a los problemas que se habían gestado. En ese año, todo cambió radicalmente, los mercados financieros se cerraron, por los canales no fluía la liquidez y la situación de cada deudor pasó a examinarse con rigor. Con el cambio abrupto en la posición deudora de nuestra economía frente al exterior, los pasivos brutos pasaron de 540 mil millones al final de 1998 a 2,2 billones en 2008, el país entró en quiebra y sobrevino una profunda recesión que a todos los efectos sigue vigente.
El sector público se resintió profundamente desde entonces, incurriendo en un déficit desorbitado por la caída drástica de los ingresos, reforzada por el estallido de la burbuja inmobiliaria. El Estado, sobre el que acaban descargando todas las tensiones de las administraciones públicas, ha necesitado de centenares de millones de euros, obtenidos con la emisión de deuda pública en los mercados interior y exterior, ante la imposibilidad de la financiación directa por la autoridad monetaria. Al final de 2007, la deuda en circulación del Estado era de 307.000 millones de euros, el 37% del PIB. Al final de 2012 había subido a 688,000 millones, el 65% del PIB, y sigue aumentando como corresponde a la evolución deficitaria de las cuentas públicas.
Desde que se admitió la crisis, la política económica ha tenido unos rasgos básicos inamovibles. La pérdida de competitividad de la economía española ha servido de excusa para aplicar a rajatabla las recetas neoliberales y se ha tratado de compensar con el llamado “ajuste interno”, un proceso dirigido a disminuir los salarios y facilitar los despidos para abaratar los precios de las mercancías y servicios españoles, desde el momento en que la vía natural e histórica de la devaluación de la moneda está cegada por el euro. Ajustes, contrarreformas laborales y recortes continuos jalonan la política de los últimos años. Por otra parte, la mal denominada austeridad se ha impuesto brutalmente en la política fiscal, como exigencia de los poderes económicos, haciéndose de la lucha contra el déficit publico el talismán engañoso de la solución a la crisis.
Esta política ha producido un retroceso social muy doloroso, ha impulsado inconteniblemente el crecimiento del paro y, lo que es fundamental, es inútil. El país se desliza sin freno y se despeña hacia una fosa profunda. Los determinantes de la crisis siguen intactos cuando no degradados. Los pasivos exteriores no pueden disminuir sin que se registre un excedente de la balanza de pagos, cosa prácticamente inalcanzable para una economía bastante derruida y de escasa competitividad, y la pesada carga de deuda pública no dejará de crecer hasta que se diluya el déficit público, algo que el propio gobierno no alcanza a vislumbrar. La desconfianza es general.
La sociedad en una encrucijada.
¿Cómo superar el desastre? La alternativa a la crisis que defiende la Troika y abiertamente el PP pasa por profundizar en los ajustes, en la austeridad y en la destrucción de lo público. La economía española, como ya le ha ocurrido a Grecia o Portugal, cae por el precipicio y se desfondará en el abismo, con unas consecuencias sociales dramáticas y riesgos políticos de todo signo.
El PSOE, copartícipe activo en el actual diseño económico y social, finge ahora un desacuerdo con el PP y critica su política suicida, pero sigue amarrado al criterio de que el euro es irreversible.
Las direcciones de los sindicatos mayoritarios, una vez contrastado el error de cálculo cometido con el sí crítico a Maastricht, denuncian ahora el actual estado de cosas, pero no están en condiciones de proponer medidas anticrisis realmente efectivas ya que no cuestionan con coherencia la Europa construida.
Otras fuerzas, organizaciones y autores de la izquierda critican la Europa actual y proponen cambios bastante utópicos y proyectos sin fundamento, dado el carácter irreformable de la Europa surgida, sobre todo después de la ampliación de la zona euro al Este. A las carencias originales de la moneda única se añade el peso que ha cobrado Alemania como país hegemónico y la realidad de una descomposición de Europa, aprisionados algunos países en deudas impagables. La imprescindible y urgente necesidad de romper con las ataduras de los Tratados europeos no puede paralizarse ni ocultarse tras propuestas de proyectos de otra naturaleza. Por deseable que sea otra Europa, es ahora inviable, requiere de bases en que sustentarse bien distintas y de la soberanía perdida de cada Estado.
El fracaso del proyecto de construcción de Europa es inocultable, con independencia de que no sea posible determinar cuándo y cómo se desbaratará la insostenible situación existente.
A los firmantes de este manifiesto nos parece claro que la Europa de Maastricht no podrá sobrevivir con su actual configuración, tras los desastres y sufrimientos que ha causado, además de vaciar de contenido la democracia y sustraer la soberanía popular.
También afirmamos que nuestro país no puede salir de la crisis en el marco del euro. Sin moneda propia y sin autonomía monetaria es imposible hacer frente al drama social y económico, tanto más cuanto que la política fiscal también ha quedado anulada con el Pacto de Estabilidad, alevosamente constitucionalizado.
Es precisa una moneda propia para competir y una política monetaria soberana para suministrar liquidez al sistema y estimular una demanda razonable. Y esto como primera condición ineludible, pero en modo alguno suficiente, para poder desarrollar una política avanzada de control público de los sectores estratégicos de la economía, entre ellos la nacionalización de la banca, de reconstrucción del tejido industrial y agrícola, de defensa y potenciación de los servicios públicos fundamentales con un poderoso y progresivo sistema fiscal, de amortiguación de las desigualdades y distribución de la riqueza, del reparto del trabajo para combatir el paro, de derogar las contrarreformas laborales y de las pensiones, de respeto en serio al medio ambiente, etc., y de abordar un proceso constituyente que permita recuperar y profundizar la democracia. Por todo ello hay que despreocuparse transitoriamente del déficit público, olvidarse de hacer propuestas imposibles al BCE y dejar de añorar a la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra cuando se puede disponer del Banco de España como institución equivalente.
El montante de la deuda externa es impagable. Su mayor parte es deuda del sector privado, y corresponde a sus agentes resolver los problemas que se presenten, incluido el sector financiero, muy comprometido. Por ello rechazamos toda operación de “rescate” de nuestro país y por la misma razón consideramos como deuda completamente ilegitima la contraída por el Estado para proporcionar fondos de salvamento a las entidades crediticias que no hayan sido nacionalizadas.
Con respecto a la deuda pública, el Estado debe realizar una profunda reestructuración de la misma (quita, moratoria, conversión en moneda nacional) que alivie la presión abrumadora que soportan las cuentas públicas. En otro caso, puede darse como irremediable la quiebra del Sector público.
No se nos escapan los problemas y complejidades de los pasos que proponemos, entre otros limitar la libre circulación de capitales. Tampoco nuestro análisis nos impide colaborar en acciones, propuestas y movilizaciones con aquella parte de la ciudadanía y sus organizaciones que, bajo el efecto del bombardeo mediático al que somos sometidos o por otros motivos, aún no comparte nuestra opción ante la encrucijada en que estamos y la necesidad de romper el nudo gordiano del euro. Sin embargo, ante el desastre que nos envuelve y ante las causas profundas que lo promueven y agudizan, no podemos mantenernos mudos ni evasivos. A nuestro entender, hoy la sociedad española, que ya ha entrado en una agonía prolongada y sin esperanza, no dispone de otra elección que salir del euro para impedir el hundimiento definitivo del país.
Recuperar la soberanía económica perdida, hacer efectiva la soberanía popular, requiere desprenderse de los dogales que nos paralizan, encarar la cruda realidad y dotarse de los medios para trazar un proyecto de supervivencia que, con todas sus dificultades, puede representar también una gran oportunidad para crear una sociedad soberana, próspera, justa, solidaria, democrática, ecológicamente responsable y libre.
