La ‘puerta giratoria’ (como se denomina a la práctica de pasar desde el cargo público al cargo privado en una empresa que se benefició de nuestras decisiones gubernamentales) no deja de girar. El concepto de “Puerta giratoria” hace referencia, en un principio, al hecho de privatizar un sector público, marcharse de la política y fichar por la empresa que gestiona el sector público que uno mismo privatizó. La figura se complementa con los casos de las adjudicaciones de contratos de obras y servicios que debe prestar la Administración a determinadas empresas, de las que luego el político termina formando parte. Absolutamente inmoral, en el mejor de los casos, este privilegio de la casta dirigente (formada por empresarios-políticos) se ha convertido en tristemente habitual dentro de la vida pública de muchos países llamados democráticos. Mientras este perverso mecanismo exista la intencionalidad real de los gobiernos a la hora de tomar decisiones estará permanentemente bajo sospecha. Ya no se trata solo de lo que los dirigentes ingresen en A o en “B” durante sus mandatos sino, sobre todo, de los suculentos beneficios privados y personales que obtendrán cuando dejen de estar bajo los focos mediáticos. Por supuesto nadie debería olvidar que tan culpable es el corruptor como el corrompido ya que ambos se benefician por igual del expolio. Aquí un pequeño listado, solo de ministros, de los últimos años:
Otro caso espectacular es el del Ministro de la Guerra Pedro Morenés, que no figura en esa relación. Si ampliáramos la lista con ejemplos tomados de otros ámbitos de la organización territorial del Estado ésta sería interminable. ¿Qué intereses les movían a todos ell@s mientras ejercieron sus cargos?, ¿Buscaban el bien común o simplemente labrarse su propio futuro dorado?. No es imposible luchar contra esto. Una organización política horizontal, transparente y democrática de la sociedad, el repudio colectivo de estos personajes, una potente ley de incompatibilidades que entra en vigor tras abandonar sus cargos públicos o, en su defecto, abultadísimas sanciones para las empresas que incurrieran en tal práctica corruptora constituyen vías de solución. Algo similar puede ocurrir con los casos de fraude y evasión fiscal. A menudo se argumenta que no es posible combatir contra ello porque son decisiones que dependen del acuerdo de muchos países, lo cual trasciende el ámbito de decisión de un solo Estado. Pero ¿No podrían expropiarse automáticamente los bienes que el defraudador posee en, por ejemplo, el estado español, sin posibilidad de prescripción del delito?. Estas castas solo podrán seguir lucrándose mientras nosotr@s se lo permitamos con nuestra resignación, nuestro consentimiento y nuestros votos. Presión popular y conciencia política son las recetas. Es posible
